Durante la comisión de Seguridad del mes de junio, el concejal delegado del ára, Javier Barbero, mantuvo que el procedimiento seguía sus plazos. Ahora, la actuación se dilatará otros seis meses después de que el área de Seguridad haya solicitado nuevamente una prórroga de la autorización al departamento que en la actualidad gestiona José Manuel Rodríguez Uribes (PSOE).
La antecesora de éste, Concepción Dancausa, consintió al Ayuntamiento disponer en la zona de las citadas cámaras de videovigilancia, debido a los continuos episodios de violencia, los problemas de convivencia y la sensación de inseguridad que experimentaba el barrio en los últimos años. Esta situación a la que estaban abocados los vecinos hizo que desde la Concejalía de Seguridad admitiesen la necesidad de las cámaras, que, en un principio, iban a estar operativas antes de finalizar el verano. Sin embargo, los meses pasaron, expirando a su vez la autorización de la Delegación del Gobierno sin que el proyecto estuviera acabado.
Además de los dimes y diretes entre Gobierno y oposición en referencia a la disposición de las cámaras durante estos meses hay que añadir las contradicciones del propio elenco de concejales del Ejecutivo a lo hora de valorar la instalación de dicho sistema de vigilancia. La propia presidenta del distrito, Montserrat Galcerán, manifestó que el proyecto no saldría adelante dado que no había presupuesto para ello; dichas declaraciones fueron desmentidas por la propia portavoz del Gobierno, Rita Maestre.
Y es que la disconformidad de Galcerán con la instalación de dichos dispositivos ha quedado patente en varias ocasiones. La propia edil manifestó en diciembre de 2017 en una entrevista con El Distrito que los datos de las comisiones de seguridad no advertían de un incremento de la delincuencia en el barrio. La delegación que gestiona su compañero, Javier Barbero, subrayaba lo contrario meses después. Precisamente, ha sido el concejal de Seguridad quien ha aclarado que las cámaras “estarán listas antes de que acabe el mandato”. Sin embargo, el asunto aún se encuentra en manos de la Policía Municipal y no se ha iniciado el proceso de licitación del contrato, que, en casos como este, suele durar entre cuatro y seis meses.
