A unas horas de llevarse a cabo la orden de desalojo de las casi 100 familias, de los números 23 y 25 de la calle Jaén, el Tribunal Constitucional anuló el desahucio. Sin embargo, esto no les exime del problema que tienen encima. El Banco Pastor reclama a estos vecinos un dinero que, en teoría debería haber pagado la inmobiliaria a la que, previamente, estos madrileños habían cedido sus inmuebles, por unos nuevos que nunca llegaron. La promotora se declaró en quiebra.
