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Vecinos y comerciantes de Bravo Murillo 297 denuncian el cierre de una plaza de uso público

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Cada vez son más los vecinos que se quejan del cierre de la plaza emplazada en la calle Bravo Murillo 297, un lugar donde antiguamente se asentaba lo que fue la plaza de toros de Tetuán. Según un vecino de la zona, que no ha querido facilitarnos su nombre, la comunidad de propietarios de Bravo Murillo 2917, desde hace un año viene “vulnerando la legalidad de manera clara en injusta en perjuicio de los demás vecinos”.

Cuando desapareció la vetusta plaza de toros de Tetuán, la dueña del solar lo donó con la condición de que se levantase un centro escolar para los niños del barrio. El entonces alcalde de Madrid, a la sazón, Arias Navarro, permitió la construcción de ocho plantas vecinales, algo inédito y único en toda la vía pública de Bravo Murillo en la que solamente se permite una altura de siete plantas. Esta excepción fue motivada a que la constructora del edificio Bravo Murillo 297, construyó un colegio público y una zona ajardinada, con fuente incluida, en el solar donde se asienta el edificio.

Dicha plaza y zona ajardinada, según los estatutos de la comunidad de propietarios de Bravo Murillo 297 son de uso público, como consta expresamente en los estatutos. Tal circunstancia, como concreta el vecino con el que se puso en contacto EL DISTRITO, «es pública y notoriamente conocida, tanto por los propios propietarios de la comunidad, como por los demás vecinos del barrio, que durante más de 40 años han venido disfrutando con total libertad del uso público de esta plaza así como de su estacionamiento».

Sin embargo, según denuncia este vecino y un comerciante de la zona que ejerce de representación de los pequeños empresarios, «la comunidad de Vecinos de la zona se ha apoderado de manera exclusiva y excluyente de la utilización y disfrute de la plaza, cerrándola al público de manera ilegal porque se ha realizado sin la correspondiente licencia municipal». Este cierre, que se llevó a cabo el pasado año impide el libre acceso a un lugar de uso público de todas las personas que no residen en la comunidad, con el consiguiente problema que se les presenta a los comerciantes que ven como sus posibles clientes no encuentran modo alguno de estacionar sus vehículos.

Hay vecinos que también alzan la voz porque según argumentan, la comunidad no sólo ha cerrado el paso e impedido el acceso a una plaza de uso público, sino que, tras haber recibido por parte del Ayuntamiento de Madrid requerimiento sancionador para paralizar tales obras de cierre, la Comunidad vecinal hizo caso omiso a la advertencia sancionadora, continuando con las obras ante la pasividad de la Junta Municipal del distrito.

 

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