Los vecinos del número 8 de la calle Mariano Fernández, en el distrito de Tetuán, que sufrieron las consecuencias del derrumbe de las viviendas del portal número 6 el pasado 21 de enero, denunciaron hoy que el Ayuntamiento de Madrid les tiene "abandonados" y que no reciben ningún tipo de apoyo por la "excepcionalidad" de su caso.
En una carta, explican que dos meses después del siniestro, "pasado ya algún tiempo que ha permitido enfriar la alarma social surgida en un primer momento", la postura del Ayuntamiento de la capital respecto a los hechos acaecidos en su día "es reducir el asunto a un conflicto entre particulares".
Entre otras cosas, explican que aunque parezca "chocante", pocos días después del suceso, se notificó a la comunidad de propietarios que, dado el apeo (obras de aseguramiento) que se ha hecho a la finca, "se procederá a pasar a los vecinos la factura de dicho trabajo, y ello pese a que aseguran que la máxima Autoridad Municipal les dijo que contaban "con todo su apoyo y el de su equipo".
"Sin embargo, faltó tiempo al Ayuntamiento para recordarnos que el coste de los apuntalamientos se nos facturará cuando terminen de realizar las tareas de seguridad, aún cuando no tengamos la seguridad de que nuestra finca no se vaya a venir abajo", apuntan los afectados en su misiva.
Por otro lado, señalan que desde la noche del derrumbe, salvo el alojamiento en un hotel para algunos vecinos durante unos días, "con muy escasas excepciones", la mayoría de afectados están sobreviviendo de "la solidaridad de amigos y familiares", y no de la ayuda que les "prometió" la Administración.
En su opinión, en un Estado de Bienestar Social, y especialmente en este caso, el Ayuntamiento tiene que desplegar todas sus recursos para ayudar "subjetiva y objetivamente a unos vecinos que están pasando por una "situación excepcional", y señalaron que es "verdaderamente traumático" ver que no tienen ninguna posibilidad ante nada.
Tampoco entienden que la Administración municipal diga que "se ha hecho más de lo debido" y que, a partir de este momento, son las compañías aseguradoras "quienes tienen que hacer su trabajo". Asimismo, denuncian que el Consistorio ha dicho que "la determinación de las responsabilidades del derrumbamiento de un edificio (el nº 6) y la gravísima afectación de otro (el nº 8) era competencia de los Tribunales".
Seguridad “por partes”
Además, explicaron que han recibido una Nota Interna de Servicio del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento que recalca que, "desde un punto de vista técnico, no hay impedimentos para volver a ocupar los pisos no apeados" aunque, por otro lado, las viviendas apeadas "no pueden ser ocupadas, por medidas de seguridad, debiendo tener mucho cuidado con cualquier acción que implique golpes violentos".
"Parece ser que la seguridad de nuestro edificio va por partes. Medio edificio es ‘seguro’, pero en todo caso teniendo mucho cuidado con cualquier acción que implique golpes violentos, mientras el otro medio no puede ser ocupado por medidas de seguridad", señalaron, al tiempo que subrayaron que el peligro de derrumbamiento de su inmueble "sigue latente".
Por ello, exigieron que se dicte por el Órgano administrativo competente en la materia una resolución acorde a Derecho que les garantice la seguridad total de su edificio, "y no que se comuniquen por una nota interna de servicio del propio Ayuntamiento".
