El delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, mantuvo ayer jueves, 3 de diciembre, una reunión con la plataforma No Somos Delito y la asociación Hetaira, en la que adquirió el compromiso de crear una Comisión de Impacto sobre la incidencia que en materia de Derechos Humanos y libertades fundamentales que puedan tener tanto la implantación de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, como el nuevo Código Penal sobre la ciudadanía madrileña.
La plataforma No Somos Delito está formada por más de 70 organizaciones como, entre otras, SODePAZ, Greenpeace España, SOS Racismo, la Coordinadora de ONGD España o el Centro Pastoral San Carlos Borromeo. Estas organizaciones vienen denunciando que la aplicación tanto del nuevo Código Penal como de la Ley Orgánica 4/2015 suponen un retroceso en las garantías democráticas y de libertades dentro del marco legislativo español. Por su parte, la asociación Hetaira lleva trabajando desde 1995 defendiendo los derechos de las prostitutas, detectando y apoyando a las víctimas de trata de seres humanos y fomentando la concienciación de la sociedad sobre la realidad de la prostitución.
Desde el Área de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid “queremos estar atentos a la preocupación de nuestras vecinas y vecinos en una cuestión tan sensible como es el binomio seguridad y derechos humanos, pues entendemos que son dos realidades clara y necesariamente compatibles”. Y desde esta perspectiva generar instrumentos de evaluación y análisis que permitan a la ciudadanía y al propio Ayuntamiento valorar el impacto que la nueva ley tiene en materia de derechos humanos y libertades sociales y políticas en la ciudad de Madrid.
La comisión, de la cual ya se han iniciado los trámites formales para su conformación, tendría una composición mixta. Así, estarían representados el Ayuntamiento de Madrid, incluida la Dirección General de la Policía de Municipal de Madrid; diversas entidades de la sociedad civil, así como personas de avalado prestigio en la defensa de los Derechos Humanos y las libertades.
Dicha comisión se reunirá con carácter trimestral con la tarea de generar un informe, que tendrá carácter público. En este informe se detallarán cuáles están siendo las actuaciones en esta materia que afectan a la Policía Municipal de Madrid, instancias municipales, administraciones públicas y entidades privadas y, en consecuencia, a las acciones del equipo de gobierno municipal con respecto a la implementación de la Ley, así como poder cotejar la aplicación de la misma por otros órganos y los datos que desde las diferentes entidades se puedan aportar a este respecto. Según Barbero, “la administración municipal necesita a la sociedad civil tanto para la visibilización de las buenas prácticas como de las posibles transgresiones sobre derechos humanos, vinculadas a las cuestiones de seguridad. La nueva comisión nace de la necesidad y de la convicción de mantener una viva relación entre la ciudadanía y las nuevas formas de municipalismo para garantizar, protegiendo y promoviendo, derechos humanos y libertades democráticas”.
Según palabras del delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, “la nueva comisión nace de la necesidad y de la convicción de mantener una viva relación entre la ciudadanía y las nuevas formas de municipalismo para garantizar Derechos Humanos y libertades democráticas”.
