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Madrid esperará el fallo judicial para cambiar la normativa de los pisos turísticos

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El Plan Especial de Hospedaje, aprobado en julio de 2018, exige un acceso independiente para las VUT, una condición que según ha señalado este viernes el delegado de Desarrollo Urbano Mariano Fuentes (Cs) prohíbe «de facto» estas viviendas, por lo que el nuevo Gobierno de José Luis Martínez-Almeida estudiará cambiarlo. «El plan especial de Manuela Carmena tiene 11 recursos en los tribunales y el día 11 de septiembre veremos cuál es la continuación de ese plan especial», ha agregado el delegado, en referencia al fallo del TSJM ante los dos recursos que piden suspender cautelarmente la aplicación de esta normativa.

Fuentes ha abogado por una «regulación realista» ya que a su juicio la actual introduce «en la economía sumergida las viviendas turísticas porque a día de hoy ninguna es legalizable». Sin embargo, no ha adelantado si se eliminará o no la exigencia de un acceso independiente. «No es que lo vayamos a quitar», ha señalado y ha agregado, a preguntas de la prensa, que «habrá que estudiarlo, habrá que modificarlo» y que llegarán «al mejor de los criterios para que esto se pueda realizar».

Actualmente ninguna de las viviendas de uso turístico de la capital actúa con licencia urbanística, porque el Consistorio no ha otorgado ninguna desde que los propietarios están obligados a obtenerlas. Además, hasta ahora el Ayuntamiento no ha precintado ningún piso pero sí ha dictado, a través de una veintena de inspectores un total de 800 órdenes de cese de actividad desde septiembre de 2018, de los que 432 fueron recurridos y siguen activos 325 recursos.

El consistorio se reunirá con la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz y quiere retomar contacto con las plataformas a través de las que se alquilan estos pisos porque son «nexo fundamental» para que las viviendas con órdenes de cese no se puedan ofertar. El Gobierno municipal hablará también con los vecinos, pues considera que el principal problema es «de convivencia» y quiere poner en marcha mecanismos que aseguren el cumplimiento de la reforma de la ley de propiedad horizontal, que obliga a tener el acuerdo de tres quintas partes de la comunidad de vecinos para establecer una vivienda turística.

Entre las prioridades figura también el objetivo de que Madrid tenga una oferta turística de calidad y los pisos cuenten con condiciones determinadas. «Paso a paso», ha dicho el delegado respecto a los plazos para la nueva normativa, que se está redactando ya la espera del fallo judicial.

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