El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha explicado hoy, durante la comisión permanente del área, que la Policía Municipal sigue estando presente en los desahucios por requerimiento judicial, como establece la Ley Orgánica de 1985.
Barbero ha desgranado que el número de desahucios en la ciudad de Madrid ha caído desde los 1.217 del primer trimestre de 2015 a 1.016 en el mismo periodo de este año. “Preferimos la mediación”, ha comentado el delegado de Seguridad, que ha recalcado el papel mediador de los efectivos de la Policía Local.
Por su parte, la oposición popular ha acusado al Gobierno de Ahora Madrid de mentir al prometer durante la campaña electoral municipal que la Policía Municipal no iba a acudir a los desahucios y que, además, éstos iban a parar. Sobre este tema, Barbero ha vuelto a incidir en que el cuerpo de Policía Local acude por requerimiento judicial y ha querido dejar claro que el Ayuntamiento ha eliminado la unidad de antidisturbios municipal que acudía a los desalojos.
El debate más acalorado se ha producido cuando el PP ha criticado la “falta de voluntad” del ejecutivo de Ahora Madrid por combatir la okupación ilegal. “En Ahora Madrid quieren convertirse en jueces para decidir si una vivienda está ocupada ilegalmente o no”, le ha espetado la popular Inmaculada Sanz para quién el gobierno municipal “cree tener el monopolio de los buenos sentimientos”. Sanz ha pedido un compromiso real y firme contra las ocupaciones y ha criticado los tuits de los concejales de Ahora Madrid en apoyo al centro social okupado La Morada, del que Barbero ha recalcado la “dudosa legalidad” de su desalojo.
Al respecto, Barbero ha sido tajante: “No ha habido ningún desalojo sin una salida habitacional en esta ciudad”. Y es que en opinión del delegado de Seguridad, las okupaciones son la consecuencia de un determinado modelo de ciudad –en alusión a la venta de inmuebles de la Empresa Municipal del Suelo a fondos buitres- y no la causa de éste.
Además, el delegado ha afirmado que en el Ayuntamiento están trabajando en la elaboración de un censo de viviendas para conocer qué ocupaciones son mafiosas. “No es sólo una cuestión policial, sino judicial y social”, ha expresado Barbero en la línea con la postura que lleva sosteniendo el Consistorio desde que el problema salió a la luz.
