El cargo de la empresa municipal habría admitido haber maquillado informes a petición del gerente de la EMT, hecho que, según los populares, corrobora la querella presentada por éstos al entender que el Ejecutivo de Manuela Carmena podía haber incurrido en un delito de malversación y prevaricación. En este contexto, la agrupación azul ha exigido a la mandataria que cese a los responsables, concretamente a la concejal de Medio Ambiente Inés Sabanés y al gerente de la EMT, Álvaro Fernández.
«Ha reconocido expresamente que ese informe se firma después de la fecha que figura en el propio informe, por lo cual podemos decir que se está maquillando esa valoración, que nosotros defendemos que nunca existió antes de la compra», ha afirmado Martínez-Almeida. Asimismo, el portavoz conservador subraya la declaración Pérez Moncada en tanto en cuanto este habría admitido que hubo un quebranto patrimonial de tres millones de euros en la cesión del contrato. Esto ha servido como punta de lanza de Martínez-Almeida a la hora de afirmar que «se ha reconocido sin lugar a dudas que ha pagado un sobrecoste de 3 millones de euros».
A este respecto se ha pronunciado también la portavoz de Ciudadanos en el consistorio, Begoña Villacis. «Que fuera tan chapucera la gestión esconde algo más. Querían municipalizar a toda costa este servicio y le dio igual las formas. Se dio por bueno los 10,5 millones, se salvó a una empresa de la quiebra y perdimos tres millones que los ganó Bonopark». Igualmente, la edil pone el foco en diferencia entre la elaboración y la firma del informe del director financiero, aseverando que este hecho «no arroja ningún tipo de luz sino todo lo contrario».
Por su parte, los socialistas han salido al paso de la actuación del equipo de Gobierno. La portavoz del PSOE-M en la comisión de investigación sobre Bicimad, Mercedes González, ha defendido que el Gobierno municipal pagó más por la cesión del contrato a la EMT (10,5 millones de euros) del coste que hubiese supuesto rescindirlo debido al miedo de que se interrumpiese el servicio de bicicletas. «Se toma esa decisión porque tenemos miedo a que Madrid se quede sin servicio de bicicletas, y eso es lo que nos cuesta más dinero, no sé si son tres millones de quebranto o no, lo tendrá que decidir un juez»
