La Federación de Usuarios-Consumidores Independientes de la Comunidad de Madrid (FUCI-Madrid) ha recibido más de un centenar de quejas y consultas durante el mes de julio relativas a la dificultad de los madrileños para renovar su DNI o pasaporte, según ha informado la organización.
Las mayoría de las reclamaciones se deben a que la página web www.citapreviadni.es da a los usuarios una fecha posterior a la de la caducidad de su documentación, situación que se da también al llamar al teléfono de tarificación adicional 902 247 364 en el que una computadora asigna una fecha para la renovación.
A juicio del gabinete jurídico de la FUCI, "los consumidores incumplirían la obligación de obtener, portar y disponer de su documentación en regla, no por un error suyo sino por la saturación que hay en la actualidad en las oficinas de renovación de DNI y pasaporte".
Asimismo, la FUCI ha avisado que en las fechas vacacionales, los usuarios "se encuentran con la imposibilidad de renovar dicha documentación incluso cuando ha expirado su periodo de validez", por lo que la organización ha solicitado la habilitación de servicios especiales para permitir al ciudadano para cumplir con su obligación de disponer de documentación identificativa en vigor".
"La Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, establece en sus artículos 9, 10 y 11 la obligación de todos los ciudadanos de obtener documentación identificativa personal, configurándolo además como un derecho de los ciudadanos", han aseverado desde la FUCI.
Además, "el configurarse como una obligación conlleva que el no disponer de esta documentación en regla, puede acarrear una sanción de hasta 300,51 euros", han informado.
Por último, desde la FUCI han instado a la Administración a que dé una solución urgente a esta problemática dado que "el ciudadano no sólo se expone a ser sancionado por no disponer de una documentación de imposible obtención durante todo el mes de agosto, y parte del mes de septiembre, sino que puede provocar innumerables situaciones que perjudiquen al consumidor dado que dicha documentación es indispensable para desplazarse, realizar actos notariales y adquirir productos o servicios con tarjetas bancarias".
