El Ayuntamiento de Madrid, en cumplimiento con la legislación contractual europea y estatal, desarrolla políticas de contratación pública inclusiva, dirigidas a promover el empleo y la participación de las personas con discapacidad y de los colectivos con más dificultades para acceder a un puesto de trabajo. Bajo este marco, la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid ha aprobado la reserva del 2 % de toda la contratación municipal realizada en 2019 a los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción laboral.
La contratación pública juega un papel fundamental como instrumento de desarrollo sostenible, inclusivo, responsable e inteligente. El Gobierno municipal acordó por primera vez en 2016 la reserva a los centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, aprobando el 0,5% de los contratos. En 2017 llegó al 0,6% y en 2018 se estableció en el 0,7% el porcentaje mínimo. Y este año el compromiso se amplía hasta el 2%, con el compromiso de aumentar año a año hasta los porcentajes fijados en la nueva Ley de Contratos de forma gradual y controlada.
Dicha proporción se fija teniendo en cuenta la aprobación del Presupuesto General para 2019, calculado ese 2% sobre los importes de adjudicación de la anualidad correspondiente al año 2018 del conjunto de contratos de suministros y servicios realizados por el propio Ayuntamiento y sus organismos autónomos, conforme a lo previsto en el Anexo VI de la Ley de contratos vigente.
Ejemplo de contratación inclusiva
Durante los nueve primeros meses de 2018 el Ayuntamiento adjudicó 1.974,872 euros en contratos a centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral, cuando el importe inicial estimado para todo el año era de 1.471.989 euros. Esto supone, por ejemplo, más de un 44% más que en 2016 (1.366.937 euros). Además, entre 2015 y 2018 el número de empresas de inserción con las que contrata el Ayuntamiento ha crecido un 137%, pasando de ocho a 19 empresas de inserción.
Requisitos
La Ley de Contratos del Sector Público establece que los poderes públicos deben reservar a los centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción el derecho a participar en los contratos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, en el marco de programas de empleo protegido. Para participar en los procedimientos de adjudicación de estos contratos, al menos, el 30% de los empleados de los centros especiales de empleo y de las empresas de inserción han de ser trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social.
