CCOO indica que tras la muerte de una alumna en mayo de 2015, la Administración «concedió medio orientador más. Luego esta media plaza se eliminó. En la actualidad, el centro cuenta con una orientadora a jornada completa y medio cupo de Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC)», señala en el escrito al que ha tenido acceso EFE. La Consejería, por su parte, defiende que «un orientador y medio PTSC, es lo que le corresponde», porque se asigna en función del alumnado. «En el curso 2014-15 el centro tenía 1.117 alumnos. Este curso 2018-19 tiene 737 alumnos», en un comunicado donde pide a CCOO «más prudencia y diligencia».
Para la secretaria de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, este IES de Usera está catalogado como de “difícil desempeño”, y el criterio «no debería ser el número de alumnos de manera genérica», porque las cifras madrileñas «están muy lejos de los niveles recomendados» por organismos internacionales. Es un centro con «características especiales que necesita un segundo orientador».
Hace cuatro años, tras suicidarse la alumna de 16 años por presunto acoso escolar, Educación «debería haber desarrollado un plan. Se acordó un segundo orientador que estuvo un tiempo y lo recortaron hace dos años. No ha habido atención para centros de difícil desempeño», critica la secretaria. Tras esta segunda muerte, Galvín «defiende el trabajo de los profesionales del centro. No había ningún protocolo abierto y habían pasado las encuestas. No se había detectado la situación». Sin embargo, hubo «falta de apoyo de la Consejería, que no tiene a los centros de difícil desempeño entre sus prioridades. Hay que dotarles de más plantillas, bajar las ratio, apoyar a sus profesionales», declara a EFE.
Galvín pide que Educación «reúna a los representantes de los trabajadores, al Comité de salud laboral, la Mesa sectorial. Se necesita información y transparencia, para conjuntamente definir medidas». En el escrito, exige «que se recupere el segundo orientador que se suprimió hace dos cursos tras haber sido adjudicado en 2015; que se amplíe a tiempo completo la jornada del PTSC, actualmente con media dedicación; que se dé estabilidad a las plantillas».
También reclama «una reducción de ratio en los grupos ordinarios, como sucede con grupos del Programa Bilingüe; ampliación de cupo de profesorado para que sea posible realizar desdobles en todos los grupos; que se amplíe la plantilla con más profesionales de atención a la diversidad», sobre todo en Orientación y PTSC. Por las características del centro, se debería «estabilizar a las plantillas, ya que el profesorado podría conocer mucho mejor las necesidades del alumnado y de las familias».
CCOO denuncia que «no se han iniciado los protocolos de duelo necesarios tanto para el profesorado como para el alumnado», tras la muerte de este segundo alumno, algo que «se viene repitiendo por parte de la Administración». Por su parte, UGT expresa en un comunicado su «dolor por el trágico suceso» de la semana pasada, su apoyo al profesorado y a la familia, y exige «una profunda investigación».
«Un segundo suicidio en cuatro años supera el límite de lo que podríamos aceptar como casualidad o episodio excepcional. Independientemente de los resultados que la investigación policial arroje sobre el hecho, lo cierto es que indicios había, puesto que los propios alumnos han sido quienes han aportado noticias de hacia dónde dirigir la investigación», según Teresa Jusdado. También critica, al igual que CCOO, que la única medida tras morir Arancha en 2015 «fue la sanción al entonces director del centro quien, tras demanda judicial, demostró no ser responsable del trágico acontecimiento y se condenó en costas a la Consejería».
