Vecinos de un edificio propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid y construido por ACS en el distrito de Usera han tenido que desalojar sus casas por la aparición de grietas de gran tamaño en la fachada, por cuyo interior discurren las tuberías del gas.
Begoña Herráez, vecina del inmueble, que junto a su marido y a sus dos hijos pequeños ha tenido que irse a casa de su suegra ante la peligrosidad del inmueble, indicó que fue el propio José María Álvarez del Manzano el que les hizo entrega de sus viviendas en el número 22 de la calle Popular Madrileña en mayo de 2000.
Ahora, ni una década más tarde, los que tienen un lugar adonde ir han abandonado sus hogares, además de haber presentado de forma conjunta una denuncia ante los tribunales contra la EMVS y ACS. El resto sigue en sus casas pese a que el edificio está apuntalado.
"Desde el principio tuvimos problemas con el alcantarillado y las grietas, pero últimamente se ha acentuado y una de las fachadas interiores se estaba abriendo. Al final, como se iban a cumplir los diez años en los que las empresas tienen responsabilidad en el edificio, decidimos denunciarles y pedir medidas cautelares al juez para poder empezar las obras", relató Begoña.
Sin embargo, ya fue tarde, y esta misma semana tuvieron que llamar a los bomberos para que apuntalaran la fachada interior ante el riesgo de derrumbe. Además, pidieron a un arquitecto que elaborara un informe explicando las condiciones en las que se encuentra el inmueble.
"El mayor problema es que por dentro de esa fachada van las tuberías del gas, así que esta situación es muy peligrosa. Llevamos mucho tiempo diciéndoles a la EMVS y a la constructora que había problemas, pero no nos hacen caso", añadió la afectada.
Medio centenar de familias
En principio, esta situación afecta a unas 60 familias de los ocho portales que hay en la finca, aunque de momento sólo han tenido que abandonar sus casas los vecinos de uno de los edificios. "Todos los del ‘A’ nos hemos quedado sin gas", apostilló Begoña.
Mientras esperan la respuesta del juzgado y reclaman una reunión con los responsables municipales de Vivienda, el administrador de la finca ya les ha informado de que, al menos, deberán hacer una derrama de unos 100.000 euros para arreglar la fachada. "Lo pagaremos nosotros y luego ya veremos si nos devuelven el dinero o no", continuó la vecina.
"Estamos completamente hechos polvo. Además de no saber qué va a pasar, nos sentimos indefensos. Podemos darnos con un canto en los dientes de que la constructora todavía existe, pero esta casa todavía no ha cumplido diez años y da igual que sea de protección oficial, porque la EMVS y la constructora han pasado de nosotros, alargando el plazo para llegar a los diez años de garantía y lavarse las manos", zanjó la afectada.
Por su parte, el director general de Gestión de la EMVS, Pablo Olangua, explicó a Europa Press que en la empresa municipal sólo consta "una reclamación del año 2004 sobre una incidencia en la fachada de este edificio que, sin embargo, figura como atendida por la constructora".
"Después de eso, EMVS no ha vuelto a recibir ninguna notificación por problemas en la finca ni tiene ninguna solicitud de reunión alguna por parte de dicha comunidad de propietarios", apostilló.
