Las autoridades se personaron en la zona después de registrarse varias denuncias por las molestias que generaba el local; cuando los agentes se personaron en el lugar inspeccionaron el establecimiento. Los funionarios descubrieron que en el establecimiento se alquilaban habitaciones y camas; en concreto, se habían dispuesto nueve cuartos y un total de 15 literas. Los propios huéspedes decían pagar 150 euros mensuales por una cama.
Tras las pertinentes comprobaciones, los policías concluyeron que los justificantes de pago carecían de validez al no disponer de la identidad del inquilino. En este sentido, los agentes verificaron que las personas a las que se les alquilaban camas y habitaciones se encontraban en situación irregular en España. Según las autoridades, el propietario del establecimiento se aprovechaba de la vulnerabilidad de estas personas, pudiendo desarrollar su actividad desde la clandestinidad.
Los uniformados también constataron que el establecimiento carecía de las pertinentes medidas de seguridad: la cocina no tenía salida de humos y el techo estaba lleno de hollín y moho. El baño era común y se encontraba igualmente en mal estado de higiene. Toda la construcción era de maderas y telas altamente inflamables, careciendo de extintores, vías de evacuación y puertas de emergencia.
Los vecinos acusaban el “muy deficiente” estado en el que se encontraba el local, ya que éste se había convertido en un foco de infección con un alto riesgo de contaminación ambiental por plagas de insectos y roedores. Los agentes solicitaron el cese de la actividad por deficiencias «muy graves» en seguridad e higiene; asismismo, consideran que la actividad puede constituir un ilícito penal contra los derechos de los consumidores y usuarios.
