Así, vecinos de las calles El Boalo, Bulevar de la Naturaleza y Honrubia han reclamado que se les renueven los alquileres con las condiciones que marca la actual Ley de Arrendamientos Urbanos -7 años de contrato- con la actual renta y revalorización según IPC.
Los inquilinos denuncian el aumento de renta de hasta un 80% por parte de la propietaria. «La situación de los vecinos de El Boalo representa claramente los efectos del negocio especulativo sobre la vivienda que ha caracterizado la gestión pública del suelo en Madrid», aseguran desde el Sindicato de Inquilinas. En concreto, las citadas viviendas se enmarcan en el conjunto de edificaciones que fueron erigidas durante los gobiernos de Gallardón y Esperanza Aguirre, siendo administrados dichos bloques por el Ejecutivo de Ana Botella.
Los vecinos eran inquilinos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), accediendo a través de dicha entidad al parque de viviendas públicas que fueron vendidas a Fidere en el año 2013, origen de todos los problemas que acusan los residentes en la actualidad. Uno de los vecinos afectados, Luis Miguel Domingo, explica a Europa Press que en la actualidad paga 432 euros por su alquiler, aunque el arrendador le exige ahora 675 euros. “Y a los dos años 100 euros más con IBI y comunidad. Serán 775 euros. Pero los que tienen más de un dormitorio, Fidere les está imponiendo ya 800 euros de partida, que irán subiendo».
Las plataformas antidesahudios y de afectados por la hipoteca (PAH) entienden las medidas que preveía implantar el Gobierno de Pedro Sánchez, ahora en funciones, para regular los precios del alquiler, y que finalmente no se llevaron a efecto, «son la mejor herramienta para frenar la especulación y pinchar la burbuja».
«Sabemos que hay más bloques en el Ensanche en esta situación, tanto de Fidere como de otros fondos de inversión, y les animamos a sumarse a la campaña», ha señalado José Luis de la Flor, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. En relación a estas subidas, Luis Miguel Domingo ha señalado que van a llevar a cabo una serie de acciones en las próximas semanas y durante el verano para «denunciar su situación y exigir una subida del alquiler proporcional al IPC».
