Según la organización sindical, el estudio no ha podido analizar la morbilidad -presencia de enfermedades- por no haber dispuesto de “datos convenientemente suministrados” por la Comunidad de Madrid. En cambio, continúa espetando CCOO, el consistorio ha basado el estudio en datos estadísticos de mortalidad en la población que reside a menos de cinco kilómetros y a menos de ocho kilómetros del parque tecnológico y se ha comparado con el conjunto de la población madrileña en el quinquenio 2010- 2014, obviando emplazamientos como la Cañada Real, o poblaciones como Rivas- Vaciamadrid o Getafe por no tener censo o estar fuera del municipio.
El estudio contiene una Evaluación Toxicológica Ambiental, revisando pasadas mediciones de contaminantes de la incineradora y haciendo nuevas mediciones en el Ensanche de Vallecas y en una zona alejada, calle Montesa (Distrito Salamanca). De los datos obtenidos no se encuentran diferencias significativas en la mayoría de los compuestos analizados, pero si en dioxinas y furanos, “más elevados en la zona cercana a la instalación, aunque de muy baja magnitud. Deberán realizarse estudios más amplios para confirmar estos hallazgos”, pero llega a la falsa conclusión de que “no existe mayor riesgo de morir por ninguna causa a menos de cinco kilómetros del parque tecnológico una vez ajustado el análisis por la privación material”.
Para el sindicato, existen datos y series históricas que no han sido considerados en este estudio dado que la Comunidad de Madrid no los ha aportado ni ha colaborado en el estudio, como tampoco se han realizado otros municipios afectados. En particular no convoca su consejo de Medio Ambiente desde 2011, que sería el órgano de consulta y participación adecuado para contrastar y solicitar datos e informes.
En este sentido, y sobre las informaciones publicadas con respecto al estudio, CCOO de Madrid y la Alianza Incineradora de Valdemingómez ¡NO! manifiestan “la no conveniencia de publicar un estudio incompleto, llegando a conclusiones aseverativas dada la insuficiencia de los datos empleados en el estudio y la imposibilidad de analizar la morbilidad por falta de datos”. En un estudio de mortalidad de la población de 2010 a 2014, la organización subraya que el Ensanche de Vallecas se empezó a ocupar a finales de 2006, por lo que sus habitantes solo han estado expuestos entre 3 y 7 años. “Al mismo tiempo se han obviado poblaciones más antiguas, como Covibar (en Rivas Vaciamadrid) y la Cañada Real; los primeros por estar fuera del municipio de Madrid; los segundos por el carácter irregular en el asentamiento y sus carencias socioeconómicas, aun siendo las poblaciones citadas las que podrían arrojar datos más realistas y concluyentes, ya que solo en la Cañada Real consta que 1.500 personas viven en un radio de mil metros de la planta incineradora y 4.000 personas a menos de 5 kilómetros”.
Igualmente, CCOO critica la “falta de transparencia en la obtención y análisis de los datos utilizados en la Evaluación Toxicológica Ambiental”. Y es que los datos de medición de emisiones de la Incineradora han sido obtenidos fundamentalmente por empresas privadas, siendo parte interesada. “Las mediciones de calidad del aire en el exterior de la planta (inmisiones) han sido escasas en extensión en el tiempo, en periodicidad en la toma de muestras y en ubicación de los puntos de medida”.
Asismismo, “los resultados obtenidos en el estudio Toxicológico muestran valores tres veces superiores de las concentraciones de dioxinas y furanos en el Ensanche de Vallecas que las obtenidas en otra zona más alejada de la incineradora. Hay un amplio consenso científico internacional acerca de que las dioxinas y furanos son sustancias cancerígenas”. CCOO de Madrid insiste en la necesidad de cerrar la incineradora cuanto antes y apoya incrementar la vigilancia de presencia de contaminantes en el ambiente con el aumento del número de puntos de control, así como los tiempos de muestreo, su frecuencia y la objetividad de las mediciones.
El sindicato exige una vez más al Ayuntamiento de Madrid la publicación inmediata de un plan detallado de cierre de la incineradora de Valdemingómez que materialice la promesa anunciada de reducción al del 50% de incineración de residuos hasta 2022 y eliminación total de esta técnica en 2025, así como la participación ciudadana a través de la Comisión de Seguimiento de dicho plan.
