‘Esta subasta la vamos a parar’. Esa fue la consigna unánime que se escuchó, el pasado 5 de septiembre, en el centro de Madrid. Más de 3.000 personas, según datos de la organización, salieron a la calle por tercera vez desde que el Ayuntamiento hiciera oficial su decisión de sacar a subasta pública varias promociones completas de viviendas en arrendamiento de EMVS (Empresa Municipal de Vivienda y Suelo). La medida, que se hará efectiva el próximo 13 de septiembre, afecta a un total de 630 familias, 220 de ellas del PAU y el Pueblo de Vallecas, y supone que, una vez finalizado su plazo de vinculación al régimen de protección oficial, las empresas privadas que se hagan con las promociones “podrán fijar libremente las condiciones, plazos y renta de las viviendas adquiridas”. “Nuestros contratos contemplaban el régimen de alquiler durante 10 años y la opción a compra pasado ese tiempo, pero lo cierto es que ahora no sabemos qué va a ser de nosotros”, comenta una de las afectadas. Las opciones con las que cuentan son escasas: pueden irse o comprar; eso sí, no a precio de una VPO (Vivienda de Protección Oficial). La licitación inicial de las promociones asciende a 64,3 millones de euros, con un valor medio estimado de 102.190 euros por vivienda, “lo que representa más del triple de lo invertido por la EMVS en algunos casos, sin olvidar que los inquilinos han llegado a pagar ya más de la mitad del coste”, denuncian varios de los afectados.
Durante la movilización, a la que asistieron representantes de los partidos políticos de la oposición y de la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Ma-drid), los organizadores aprovecharon para recoger firmas contra la venta de sus viviendas. Rúbricas que tienen previsto entregar antes del día de la subasta pública.
Esa fue la respuesta que, según afirman, obtuvieron los afectados del director de la EMVS, amparándose en su condición de empresa. Un planteamiento débil para las 690 familias involucradas en este asunto, que se quejan además de que el Consistorio esperase al 31 de julio para anunciar la subasta.
Por su parte, el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, ha justificado la decisión como una medida solidaria con el resto de los madrileños y necesaria “para la construcción de más pisos de VPO”.
