Tras ser vendida la vivienda por una entidad bancaria, el piso que ocupa la familia (monoparental) de Soraya pertenece a un fondo de inversión. El lanzamiento, que se circunscribe a una vivienda ubicada en el madrileño distrito de Vicálvaro, ha sido desaconsejado por las Naciones Unidas (ONU), remitiendo dicho órgano un escrito para que se actúe en favor de los afectados hasta que se resuelva el caso.
El concejal presidente del distrito de Vicálvaro, Carlos Sánchez Mato, también ha enviado una notificación al Juzgado para subrayar lo “pertinente” y “ajustado a derecho” que supone el aceptar las medidas cautelares que requieren desde la ONU. El Gobierno de Carmena espera que el Juzgado de Instrucción tenga en cuenta el mandato que le ha sido remitido desde Naciones Unidas, en el que se solicita que no se ejecute el desahucio al sospechar que el Estado español podría estar vulnerando los derechos humanos de Soraya y sus hijos, valoración que el Ejecutivo municipal «comparte en su totalidad».
El Ayuntamiento reitera que esta familia está siendo atendida por los servicios sociales del distrito y está en una situación de extrema vulnerabilidad. El pasado lunes, 20 de agosto, varias decenas de vecinos y activistas del grupo Stop Desahucios de Vicálvaro consiguieron parar el desalojo de esta familia, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, que actuó en sustitución del Juzgado número 30, que estaba en periodo vacacional.
La magistrada del número 3 dictó un auto en el que declaraba que no suspendía cautelarmente el desalojo al considerar que la comunicación del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) «ni es un dictamen, ni es una resolución».
