CCOO denuncia que la empresa ASISPA, que actualmente gestiona los albergues municipales La Rosa y Juan Luis Vives, “ejerce la represión sindical contra este sindicato”. Ahora ha sancionado a dos compañeros: a un delegado activo del Albergue Juan Luis Vives y a su suplente en la candidatura para las Elecciones Sindicales, “abusando de la menor garantía de este último antes de que pudiera tomar posesión de su cargo”.
“Uno de nuestros representantes más destacados en el Comité de Empresa del Juan Luis Vives, rostro conocido entre las plantillas del Sector de Intervención Social, especialmente entre los profesionales de centros de personas sin hogar, ha sufrido en primera persona, una vez más, la actitud déspota de esta empresa, en esta ocasión en forma de suspensión de empleo y sueldo 30 días”.
Tras varios años de defensa de la plantilla del Luis Vives, de pelea sindical por dignificar las condiciones laborales de este sector, de lucha por la aplicación del Convenio Colectivo de Intervención Social, de apuesta por la movilización y la negociación colectiva, no es ésta la primera sanción que le ha tocado afrontar al delegado, “han sido muchos los intentos de acallarle recurriendo a los expedientes disciplinarios, también como estrategia para amedrentar a la plantilla”, señalan desde el sindicato.
Sin embargo, la situación ha ido a peor, cuando el delegado había notificado a ASISPA una excedencia por motivos personales, la entidad decidió sancionar, esta vez no sólo a él, sino de paso, a su suplente, a quien ha despedido tras el correspondiente expediente disciplinario, truncando así la posibilidad de que pasara a formar parte del Comité de Empresa.
CCOO vuelve a denunciar que ASISPA “no respeta el convenio sectorial de Intervención Social, precariza las condiciones laborales y salariales hasta límites insospechados, incumple la normativa básica de prevención de riesgos laborales, realiza prácticas hostiles contra la representación sindical y contra quienes levantan la voz y ejercen la crítica”.
La organización recurre al Área de Equidad y Derechos Sociales al entender que “no puede seguir amparando a entidades como ésta, e ignorando a los profesionales que dan la cara día a día y afrontan un duro y riguroso trabajo. La Administración municipal debe poner freno de inmediato a estas situaciones si no quiere convertirse en cómplice de las mismas”.
