Una comunidad de vecinos de Villaverde Alto se niega a instalar una plataforma elevadora en el acceso al portal del edificio donde vive un niño de tres años, Adrián Rodríguez, que tiene discapacidad del 87%, con lesiones cerebrales, con ceguera, sin movilidad alguna y en situación de dependencia total de sus padres y de los medios de transporte apropiados para personas con discapacidad.
Así lo han denunciado los padres del niño con discapacidad, Juan Vicente Rodríguez y Mª Ángeles Huerta, que han sido acompañados por el abogado Ángel Bravo, en una entrevista realizada en el programa ‘Gestiona Social’, puesta de Gestiona Radio.
Según ha denunciado la familia del niño, tras distintas juntas vecinales, la comunidad “no sólo se niega a realizar la instalación de la plataforma que, además en un principio, se había aprobado en una primera junta, según establece la propia ley, sino que decidieron desacordar la instalación y, a cambio, aprobar unas obras en el garaje de la finca para el cuidado de los vehículos de los vecinos y aprovechar esas obras para que dicho lugar sea el paso de acceso para nuestro hijo con discapacidad”.
Los padres, según han incidido, interpusieron una demanda el pasado día 10 de abril ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid contra la comunidad de propietarios de dicho edificio, en la que solicita que se declare la nulidad de dicho acuerdo como medida para eliminar las barreras arquitectónicas que dificultan la accesibilidad a los portales y, por tanto, la paralización de cualquier gestión o acción relacionada con las obras relativas al pasillo perimetral interior (al que se accede por puerta peatonal junto a la del garaje) como medio de acceso para personas con discapacidad.
Por su parte, el abogado Ángel Bravo ha apoyado este testimonio y ha manifestado que primero se intentó un acuerdo extrajudicial y que la comunidad hizo “caso omiso” a esa posibilidad, por lo que por eso se decidió interponer una primera demanda “encaminada a que se considere que el acuerdo unánime que se tomó en su día para instalar la plataforma elevadora, se haga”.
Y en segunda instancia, ha continuado, se tuvo que interponer una segunda demanda contra el segundo acuerdo de la comunidad, “que lo que pretende es que el niño acabe haciendo un recorrido de un kilómetro para acceder a la vivienda”. Además, ha señalado que esa demanda lleva incluidas unas medidas cautelares para impedir que esa obra no se inicie “de ninguna de las maneras”, ya que “su obra y la propia licencia de la obra no están encaminadas a la realización de esta obra, sino a una obra de acondicionamiento”.
Entre otras actuaciones, previamente, el demandante había acudido al CERMI Comunidad de Madrid para buscar asesoramiento, y también había informado a la Junta Municipal del Distrito de Villaverde que corresponde a la finca sobre las obras relacionadas con el acceso al garaje y al pasillo perimetral de la finca, con el objetivo de que el organismo municipal realizase las comprobaciones legales oportunas con el fin de que esas obras se adecúen a la normativa urbanística y, concretamente, a la relacionada con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y la eliminación de barreras.
Así, ha intervenido también el presidente del CERMI Comunidad de Madrid, Javier Font, para apoyar a la familia y ha apuntado que este caso es “una condena, que, desde luego, no tiene que ver con la justicia”. Asimismo, ha confirmado que al CERMI llegan numerosos casos de este tipo, “donde existe una falta de sensibilidad”, pero, según Font, “nos hemos dado cuenta que después, con el paso de los años, las personas que se habían negado rotundamente en poner instrumentos para facilitar esta accesibilidad, han tenido alguna circunstancia a lo largo de su vida por la que han tenido que recular y estar al lado de las personas con necesidades especiales”.
Para Javier Font, hay que tener en cuenta que, además, este tipo de obras de mejora de la accesibilidad “revalorizan la vivienda”, y es de “inteligencia humana” mejorar una arquitectura “que lo que hace es dificultar el acceso a las personas y su calidad de vida”.
Por otra parte, en relación a la Ley de Propiedad Horizontal, ha coincidido con Ángel Bravo en que no es necesario cambiarla, pero sí que debería establecer, según ha reconocido, quiénes deben pagar los costes de las obras realizadas por razón de accesibilidad. “Lo que tenemos que reclamar es que las medidas de accesibilidad no se negocian, se deben contemplar como una mejora que deben pagar todos los vecinos porque supone una mejora de la finca y de las condiciones de vida de las personas con discapacidad”, ha aseverado.
Por último, la madre de Adrián Rodríguez, Mª Ángeles Huerta, ha expresado que lo único que piden es que sus vecinos “razonen sobre su decisión”. “No es un capricho, es una necesidad, y ojalá no tuviésemos que pasar por esto, ya que nosotros también somos parte de la comunidad”, ha concluido.
El primer juicio sobre este caso se celebrará el próximo día 20 de junio y el CERMI Comunidad de Madrid ha anunciado que acudirá a apoyar “públicamente” a la familia para reivindicar la falta de protección legal en este tipo de casos en los que se excluye a las personas y no se permite su integración en la sociedad.
