El portavoz de la agrupación, Pepu Hernánez, ha aclarado que su petición no está en contra de la actuación, pero pide que se “haga bien”. Y es que la demanda del PSOE obedece al clamor del vecindario del barrio, que después de cuatro concentraciones a pie de calle exige una solución contra la contaminación atmosférica y las molestias generadas por las obras.
Pepu informó que fue testigo de primera mano de lo que sucedía en este punto de la capital, declarando que esos «son los verdaderos problemas que afectan a los ciudadanos de Madrid» y que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, debería centrarse en esto «y no preocuparse tanto por desmantelar lo que estaba funcionando en la ciudad, como Madrid Central». Según el concejal progresista, la plataforma logística «es un problema añadido en una zona residencial consolidada», por lo que defiende suspender la licencia hasta que se apliquen “las soluciones que se necesitan medioambientales, de ruidos y de movilidad».
Al igual que el portavoz socialista, la vecindad de Usera y Villaverde asegura no estar en contra de que se abra un nuevo centro generador de empleo en una de las zonas con más paro de la capital, pero solicitan que el proyecto se desarrolle con las medidas adecuadas para minimizar su impacto negativo. A tal fin, las asociaciones vecinales exigen un enlace directo desde la planta a la autovía M-40, una conexión de entrada y de salida a la autovía que evite que sus vehículos colapsen la calle Eduardo Barreiros, que ya sufre atascos diarios, y otras vías aledañas.
El portavoz socialista ha manifestado además sus dudas sobre la legalidad de los trabajos. «La obra está continuando en unas circunstancias que creo que no son del todo legales. Queremos que se paralicen y que no se dé licencia hasta que no haya un informe de medioambiente, movilidad, de calidad del aire, porque no es cuestión de no hacerla sino de hacerla bien», ha indicado. En este sentido, las plataformas vecinales recuerdan que el consistorio ha de emitir una licencia urbanística adecuada para los trabajos, no sin antes aprobar un Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos que «habilite a desarrollar las medidas necesarias para minimizar los impactos y afecciones medioambientales a los vecinos del entorno».
