Los últimos escándalos urbanísticos de la región llevan días ocupando las primeras páginas de los periódicos y los primeros minutos de los informativos en televisión. La vigente Ley del Suelo no ha sido capaz de evitar las recalificaciones delictivas y lucrativas para unos pocos, por lo que a todas luces parece necesaria una modificación más estricta. En este sentido, la Comunidad de Madrid ha elaborado un antrepoyecto de Ley de Medidas Fiscales y Ad-ministrativas para el año 2007, que incluye una modificación de la Ley del Suelo con el objetivo de introducir transparencia y seguridad jurídica en los procedimientos administrativos urbanísticos de transformación del suelo.
Con este anteproyecto, que será analizado por el Consejo de Economía y social (CES), el Gobier-no regional dispone una nueva regulación urbanística por la cual los convenios urbanísticos que suscriben ayuntamientos y propietarios o particualres no se podrán ejecutar hasta que la Administración regional apruebe de forma definitiva el planeamiento urbanístico.
En la actualidad es frecuente que los ayuntamientos que inician modificaciones de su planeamiento urbanístico suscriban convenios con los propietarios del suelo en los que les garantizan una determinada edificabilidad en el plan que se tramita a cambio de aumentar las cesiones establecidas legalmente, fijada en el 10%. En contraprestación, los propietarios o particulares se comprometen a ejecutar el convenio urbanístico, bien a través de un pago anticipado o en actuaciones en el municipio (por ejemplo, a través de la construcción de equipamientos), sin esperar a que el plan haya sido informado por la Comunidad, que debe decidir sobre su aprobación definitiva o su denegación.
La nueva Ley del Suelo, iniciativa pionera en la normativa urbanística española, evitará situaciones de presión o conflicto entre las administraciones locales y los particulares propietarios del suelo, además de convertirse en un paso más hacia un “urbanismo transparente”.
La propuesta de la Comunidad ya ha dado lugar a las primeras reacciones. Para los socialistas madrileños, encabezados por Rafael Simancas, esta modificación “parece un cambio interesante”. En opinión de Simancas, hay que abordar un cambio porfundo de la Ley “para parar la especulación, para promover la vivienda protegida, para proteger el medio ambiente y para hecer imposible que la especulación sobre un bien básico como el suelo genere perjuicios importantes sobre el bienestar y la calidad de vida de las personas”.
Por todo ello, aseguró Simancas, “los ciudadanos de Madrid deben sentirse satisfechos porque la sucesión de denuncias sobre las irregularidades en el urbanismo y la actuación subsiguiente de la Justicia están acabando con una situación que rayaba la impunidad hace tiempo”.
