La Justicia interpreta que el precio pactado entre ambas partes no fue superior al valor de los activos que fueron transmitidos, al contrario de lo que apuntaba la querella contra la edil y el gerente del ente público, Álvaro Fernández Heredia, a quienes se les acusaba de malversación de caudales públicos y prevaricación.
En el auto del tribunal se considera que de las diligencias de investigación llevadas a cabo «no ha quedado suficientemente acreditada la concurrencia de los elementos que integran los delitos que se imputan a los querellados». De acuerdo al escrito de acusación de los populares, la integrante del equipo de Gobierno y el responsable de la EMT llegaron a un acuerdo “lesivo” con Bonopark para remunicipalizar el servicio de alquiler de bicicletas en la capital, una operación que supuso el abono de 10,5 millones de euros a cuenta del erario público. En este sentido, los conservadores aseguraban que la actuación se estaba justificada.
Frente a las apreciaciones que llevaron al PP a los tribunales, el magistrado sostiene que «no consta que la tramitación de los expedientes administrativos fuera contraria a la legalidad, ni tampoco que el precio pactado por la cesión del servicio fuera superior al valor de los activos que fueron transmitidos», razona la resolución judicial. Es por ello que el juzgado ha decretado el sobreseimiento de las actuaciones.
También argumenta que para esta cesión se solicitó informe a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid, y que tras el análisis del acuerdo se autorizaba la transferencia a favor de la EMT por 10,5 millones para financiar la operación. «La conclusión de la asesoría jurídica es que la tramitación de dichos expedientes se ajustó a la legalidad, sin que se haya omitido ningún trámite esencial de procedimiento, habiendo sido autorizados por los órganos competentes respectivamente».
