No soy votante del partido de Rosa Díez, aunque siempre me ha parecido una señora de enorme sentido común, máxime tras las declaraciones al respecto de la nueva ley de educación que está tratando de promulgar el Gobierno catalán, en ellas indicaba al Tribunal Constitucional como el máximo responsable y pedía la dimisión de sus magistrados, pues lleván ya tres años enjuiciando el Estatuto catalán (de la que emana, por cierto, la actual ley de educación maragallesa). ¿En qué país vivimos? Cuando el máximo intérprete de la Constitución hace ejercicios de funambulismo para mantenerse en el peligroso hilo de la conveniencia política, cuando unos piratas y serviles al Gobierno han decido denostar aun más la figura del Alto Tribunal (guardian de la Constitución se supone), cuando unos magistrados irresponsables se han dejado presionar por aquellos que cuentan con el beneplácito de un presidente aquejado de optimismo antropológico… entonces es cuando se puede decir (hoy) que un país ha hechado por tierra todo aquello que hemos construido, todo aquello en lo que se ha fundamentado nuestra sociedad democrática, en otras palabras, la Constitución con la que pasamos a la soberanía del pueblo y a la bandera de los derechos y libertades. Quizás no sea el final, quizás podamos recuperar el rumbo, quizás la soberanía del pueblo vuelva a resurgir. Mientras tanto, habrá que agradecer a los magistrados del noqueado Tribunal estar como estámos (dicho irónicamente, se comprende).
